El aborto, una realidad sin ideologías

Foto: La Nación

 

Por Samuel Llerena Lamelas – Abogado, Natalia Altamirano Rivas – Abogada

Desde el lunes 19 de febrero, con la movilización frente al Congreso por la legalización del aborto, el tema se ha instalado en la sociedad argentina una vez más. En las últimas horas, el Presidente Macri autorizó que se lo trate en las próximas sesiones del parlamento.

                Surgieron así en las redes sociales y en las charlas cotidianas, las típicas posturas a favor o en contra. Están quienes se auto denominan “pro vida” y esgrimen todo tipo de argumentos en contra, tanto religiosos como (según ellos) científicos de por qué es un homicidio y un crimen, que no debe ser respaldado por el ordenamiento jurídico. Por el otro lado, se encuentran los que sostienen que es un derecho de la mujer el decidir sobre su maternidad y que nadie (menos el Estado) puede obligarla a ser madre si no quiere serlo.

                Las contraposiciones, como siempre, son al extremo antagónicas e irreconciliables. Las razones de un bando desconocen los alegatos del otro. Y nos encontramos en medio de esas eternas disputas que no terminan ni llegan a nada.

                Los postulados de los “pro vida” se basan en sostener que el feto es un niño, que tiene derechos, que es un individuo independiente de la madre quien no debe sobreponer sus deseos o caprichos por sobre la vida de ese menor. Además que no hay justificativo (según ellos) para un embarazo no deseado, ya que existen muchos métodos anticonceptivos. También, en muchos de ellos, continúa arraigado el arcaico pensamiento de: “Si abriste las piernas, bancate el resultado.” Proponen que si la madre no quiere al niño que lo de en adopción. Por último, unos pocos piensan que solo se debería practicar el aborto en casos de violación o cuando la vida de la mujer corra riesgo, como está establecido en nuestro código penal.

                En la otra esquina, las premisas a favor, serían: Que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, que el feto no es una persona independiente y que no puede obligarse a alguien a soportar un embarazo si no lo quiere. Y que el aborto debe ser despenalizado y legalizado por el Estado.

                La ley sigue condenando el aborto como delito y aunque lo permite en determinados casos, no es suficiente. No se contemplan otras situaciones que de hecho se dan en la vida diaria de muchas mujeres. Cabe aclarar que no es un homicidio, pues para que se configure este delito, la victima debe estar separada del útero.

                Para abordar con seriedad este tema, creo que deben dejarse de lado esas posturas extremas que intentan coronarse como defensores de la vida. Las personas que estamos “a favor” del aborto (nótese las comillas) no es que estemos a favor del aborto en sí. Estamos a favor de dar un marco jurídico a una realidad que ocurre, nos guste o no. Estamos a favor de abandonar esa condena social a la mujer que decide interrumpir un embarazo, sea cual sea su motivo, porque no tiene más que un sustento de “moral” machista, patriarcal y opresora que la concibe como una mera fuente reproductora.  Estamos a favor de que la mujer sea libre de decidir cuándo y cómo ser madre.

                Debemos tener en claro que al derecho solo le interesa regular la conducta en base de lo que ocurre en la realidad. ¿Qué ocurre en el día a día? Veamos:

  1. En 2016 murieron 46 mujeres por haber abortado en clandestinidad.
  2. La tasa de mortalidad materna en argentina es de 3.4 muertes cada 10.000 nacimientos, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Argentina se comprometió ante la ONU  a bajar los índices a 1.3 cada 10.000 nacimientos en 2015, compromiso adquirido en el año 2000.
  3. El 76% de las muertes por aborto son en hospitales públicos.
  4. El 13.5% de esas muertes son en clínicas privadas.
  5. El 7% mueren en su domicilio particular.
  6. Y el 2.33% mueren en otro lugares.
  7. La mayor cantidad de muertes se da entre los 25 y 35 años porque es el pico de la edad fértil. La esperanza de vida en Argentina es de 79 años, por lo que el aborto clandestino mata a mujeres que aún tienen 45 años promedio de esperanza de vida por delante.
  8. En nuestro país, un aborto clandestino cuesta entre $10.000 y $17.000, las partillas de misoprostrol cuestan más de $2500. El 80% de las mujeres ganan menos de de $10.400 por mes y las pobres no llegan a $1600.

–              9. En Argentina cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada 3 hs. uno cuya madre es menor de 15 años. Solo 9 de las 24 provincias tiene protocolos de atención de abortos no punibles (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Salta, La Pampa, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz), a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a las provincias que apliquen el protocolo para que no sea necesario judicializar estos casos.

                Todos estos datos y cifras son aportados por el Ministerio de Salud de la Nación.

                Podemos ver con claridad, que la realidad se impone a todo pensamiento o creencia. El aborto existe, se da a diario y no solo acarrea la muerte de un feto, sino también la de muchas mujeres. Además del gran negocio que se mueve en la ilegalidad de la práctica clandestina.

                Podríamos debatir horas y días si el embrión es una persona o solo un tejido vivo, pero mientras nos ocupamos de esto, chicas de todas las edades se ven obligadas a ser madres, a poner en riesgo su salud o a morir en alguna clínica oculta.

                El derecho a elegir de la mujer en su cuerpo es inherente a su libertad y debe ser garantizado por el Estado. La interrupción del embarazo es una cuestión de salud pública que no puede seguir siendo ignorado ni estigmatizado.

                En el año 2010 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) difundió el informe de revisión de la situación argentina y resalta que la principal violación a los derechos humanos de las mujeres hoy es la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera y recomienda que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y Judicial, tienen responsabilidad en la implementación de medidas y políticas públicas para evitar estas muertes.

                Al Respecto el Ministerio de Salud de la Nación ha sostenido que “La penalización del aborto que rige en numerosos países, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres”.

                Recientemente, los expertos del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) indicaron en la Observación Nº 22 –en relación al art. 12 del Pacto DESC sobre derecho a la salud- dado a conocer el 8 de Marzo de 2016- que “el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un objetivo lejano para millones de personas, especialmente para las mujeres y las niñas, en todo el mundo”, señalaron que “…la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o negación del aborto a menudo conducen a la mortalidad y morbilidad materna, que a su vez constituye una violación del derecho a la vida o la seguridad, y en ciertas circunstancias, puede equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradante”.

                La Observación General Nº 22 detalla las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva, incluyendo: Remover las leyes y políticas que obstruyen el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva.

                Los Estados deben adoptar medidas necesarias para eliminar condiciones y combatir actitudes que perpetúen la inequidad y la discriminación especialmente basada en el género; la obligación de garantizar el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva de calidad, incluida la atención de la salud materna, la información y servicios de anticoncepción y aborto seguro.

                La Observación establece que las políticas o prácticas, como la negativa a proporcionar los servicios basados en la objeción de conciencia, no debe impedir que las personas obtengan atención adecuada. Debe garantizarse que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, deben estar disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas.

                Garantizar el acceso a una práctica médica que posibilite la interrupción del embarazo hasta la decimocuarta semana, sólo mediante el consentimiento de la mujer, resulta esencial para garantizar el derecho a la salud integral y a la vida misma. Entre los países que lo hicieron, como el caso de Uruguay, lograron reducir la mortalidad materna en meses, y así pasaron de 25 por 100 mil nacidos vivos a 9 por 100 mil y cumplió la meta del milenio establecida por la OMS para disminuir la muerte materna. Cosa que como vimos, no se cumplió en nuestro país.

                Vemos, a las claras, que la realidad y el mismo derecho se contraponen a las ideas de aquellos que se golpean el pecho “defendiendo” la vida. A estas posturas no les importa si la mujer quiere o no vivir un embarazo, solo quiere que el feto nazca. Quieren vida, pero no les interesa qué tipo de vida llevará ese recién nacido. Al nacer en un hogar donde las condiciones no están dadas para su desarrollo, ¿cómo será su crianza? ¿Quién se hará cargo de cubrir sus necesidades si la madre y/o el padre no pueden? ¿Darlo en adopción realmente es una solución? Más que nada teniendo en cuenta lo desastroso y burocrático que es el sistema argentino, donde miles de niños crecen sin familia, a la par que otras tantas parejas nunca logran adoptar por lo engorroso del trámite. Al final, la casa cuna se ve llena de menores que crecen en un ambiente hostil, más que nada teniendo en cuenta la conocida norma interna que no deja a los empleados tener contacto ni físico ni afectivo con ellos. ¿Esto es lo mejor?

                Se podría alegar que para evitar eso existen los métodos anticonceptivos. Es cierto, existen y se entregan, pero no se enseña su correcto uso. Son numerosos los casos de mujeres (en especial del interior) que desconocen cómo se toma la pastilla, tomándola mal y hasta algunas que se la daban al marido. Es, entonces, insuficiente la mera distribución, más que nada cuando nuestra provincia no se encuentra adherida a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.

                Debemos prestar atención a la propuesta formulada. Los detractores del proyecto se centran solo en el tema de la legalización y no atienden a que la propuesta va más allá. Lo que se quiere es que se aplique un plan organizado para cubrir todas las faltas y vacíos legales que hay al respecto. Se pide que haya una efectiva y eficiente educación sexual integral en las escuelas  para enseñarles a las chicas y a los chicos a ser responsables en su sexualidad para evitar embarazos no deseados y la trasmisión de enfermedades. A la par, se quiere una correcta distribución de anticonceptivos con la correspondiente indicación de su uso y que no haya limitaciones a la hora de entregarlos. Y, si todo esto falla, en una última instancia, se despenalice el aborto y se deje libre su práctica.

                En el siglo pasado cuando se hablaba de aprobar el divorcio, muchos opinaban en contra diciendo que era una aberración, que iba en contra de la unión divina que el hombre no debía separar. Agoraban un futuro siniestro donde nadie más se casaría y todos estarían divorciados, reinando el caos social. En estos días leí y escuché augurios parecidos. Que si se aprueba el aborto todas las mujeres lo practicarán y que será algo así como obligatorio. Es evidente que aquella predicción no ocurrió, en la actualidad la sociedad no ha entrado en caos y el divorcio es visto como algo corriente. Entonces, es lógico que con el aborto será lo mismo. Abortar no se volverá obligatorio y no todas van a recurrir a él. Lo que sí cambiará será la tasa de muertes por la práctica clandestina, además que se ayudará a combatir ese turbio negocio que mueve fortunas.

                El Estado debe buscar la manera de garantizar a las mujeres el goce pleno de la sexualidad y la reproducción. La Argentina será un país más justo y equitativo cuando quienes quieran y puedan tener hijos e hijas lo hagan sin problemas; y quienes en pleno goce de sus facultades personales no lo deseen, puedan interrumpir el embarazo en condiciones sanitarias adecuadas, de manera que no haya más mujeres que mueran en el intento, sumidas en la angustia de un embarazo no planificado ni deseado. La maternidad no puede ser una imposición debe ser siempre una elección de vida. La sociedad y el Estado deben encontrar soluciones que resguarden los derechos de las mujeres y que achiquen las brechas de inequidad que se producen entre aquellas que, en base a sus recursos económicos pueden garantizar para sí mismas una práctica abortiva segura, discreta y silenciosa; y las que, viniendo de sectores sociales más vulnerables, terminan atravesando situaciones de alto riesgo, situación que se agrava cuando las mujeres son expuestas públicamente.

                En conclusión, reservemos para el ámbito privado las ideas o creencias que tengamos al respecto, y dejemos que el derecho dé un marco legal a algo que ocurre en la realidad todos los días. Pues, como se dijo, a la ley solo le interesa regular la conducta y encausarla. Negar el aborto no es ser “pro vida”, es negar que exista con la ilusa creencia que desaparecerá.  Una vez que sea despenalizado y reglamentado, la que no quiera abortar, que no lo haga. La que sí, que lo haga dentro de lo normado. Pero siempre teniendo presente que exigimos: Educación sexual integral en las escuelas para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir.

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